La convocatoria, liderada por el Órgano Judicial, reunirá a los cuatro poderes del Estado, universidades, colegios de abogados, organismos civiles y al cuerpo diplomático acreditado en el país.

El presidente Rodrigo Paz Pereira confirmó su asistencia, junto al vicepresidente Edmand Lara y representantes del Legislativo y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se espera la participación de aproximadamente 500 invitados. La reunión se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC) y se centrará en cuatro ejes: Reforma Normativa, Presupuesto del Órgano Judicial, Carrera Judicial en Bolivia y Desarrollo Tecnológico.

A diferencia de anteriores procesos impulsados desde el Gobierno central durante los mandatos de Evo Morales y Luis Arce, esta iniciativa surge desde el propio Órgano Judicial. “Este diálogo va a ser el inicio de una reforma judicial que el país necesita”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo. El magistrado destacó la predisposición del Ejecutivo y del Legislativo como un factor favorable para este proceso.

La convocatoria excluye expresamente a los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que permanecen en funciones desde 2017 mediante prórroga: Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo. Según Saucedo, “no están invitados y si aparecen, serán invitados a retirarse. No son bienvenidos”. Solo se convocó a los cuatro tribunos electos en diciembre de 2024, mientras se espera que la Asamblea Legislativa convoque a las elecciones judiciales complementarias recomendadas por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

Saucedo describió la justicia en Bolivia como una institución con sobrecarga procesal, falta de especialización y un “presupuesto miserable”. Explicó que algunos jueces deben atender cuatro o cinco materias a la vez, situación que calificó de “inhumana”. Para superar estos desafíos, el Órgano Judicial propone la creación de más juzgados, la recuperación de la especialidad y la mejora de infraestructura y equipamiento.

El financiamiento será clave: el presupuesto actual del Órgano Judicial es de 1.100 millones de bolivianos anuales, apenas el 0,35% del Tesoro General de la Nación, muy por debajo del 5% que se considera necesario para una reforma significativa. Saucedo señaló que gran parte del funcionamiento se sostiene con recursos generados internamente y que incluso se han presentado emergencias donde no había fondos para elementos básicos como papel o tóner. La invitación al cuerpo diplomático busca explorar apoyo de la cooperación internacional.