El punto de bloqueo instalado en el municipio de San Julián, sobre la carretera troncal que conecta al departamento de Santa Cruz con el Beni y la región de la Chiquitanía, cumple este sábado su tercer día consecutivo de interrupción vial. Cientos de transportistas, entre ellos decenas de choferes de camiones cisterna cargados con combustible, se encuentran atrapados en la ruta y claman a los movilizados por razones humanitarias un cuarto intermedio que les permita avanzar hacia sus destinos de origen.

La medida de presión comenzó a ejecutarse el pasado jueves, como resultado de las determinaciones de un cabildo abierto impulsado por comunarios, mototaxistas y diversos sectores sociales de la zona. Entre los principales reclamos que motivan la protesta se encuentran las duras críticas a la calidad del combustible distribuido en los surtidores locales y la firme exigencia al Órgano Legislativo para que archive definitivamente el tratamiento del proyecto de ley antibloqueos. Paralelamente, el perjuicio económico se extiende a los pasajeros de buses interdepartamentales, quienes manifestaron su molestia debido al drástico incremento de costos que representa realizar transbordos a pie para poder llegar a sus fuentes de trabajo o con sus familias.

Este complejo panorama en el oriente boliviano coincide con las drásticas acciones tomadas en la sede de Gobierno, donde la madrugada de este sábado la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas intervinieron con agentes químicos los bloqueos que mantenían cercada a La Paz desde hace 15 días. Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se reportó que dicho operativo dejó un saldo inicial de 22 personas arrestadas, de las cuales 18 pasaron formalmente a calidad de aprehendidas tras ser acusadas del uso indiscriminado de "cachorros de dinamita" con intenciones de causar bajas civiles y policiales.