Desde asesores sin funciones técnicas hasta delegaciones presidenciales improductivas, el gasto en salarios creció de forma sostenida durante casi dos décadas, concentrando más de la mitad del empleo formal en el sector público y afectando la eficiencia económica del país.

Durante los casi 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), primero bajo la presidencia de Evo Morales y posteriormente con Luis Arce, el aparato estatal experimentó una expansión acelerada y desordenada, marcada por la creación de cargos políticos, contrataciones sin criterios técnicos y oficinas que, en muchos casos, existían solo en el papel.

Uno de los casos más llamativos fue el de un músico contratado como asesor del Ministerio de la Presidencia, con un salario de Bs 20.000, pese a no contar con experiencia ni funciones técnicas relacionadas con el cargo.

Este episodio, lejos de ser una excepción, expuso una práctica recurrente dentro del llamado proceso de cambio.

Otro ejemplo del uso ineficiente de recursos públicos fueron las delegaciones presidenciales instaladas en cada departamento.

Estos equipos, conformados por cinco o seis personas, percibían sueldos de hasta Bs 17.000 mensuales, sin cumplir funciones permanentes ni estar sujetos a control de horarios.

Según el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, estas designaciones “no respondían a eficiencia administrativa, sino a decisiones políticas”.

Entre lealtades partidarias y altos salarios, el gasto en sueldos se multiplicó por seis, mientras el Estado asumía, de forma silenciosa, el rol de una agencia de empleo político.

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas reflejan que entre 2006 y 2025 el gasto corriente —que incluye salarios y administración gubernamental— pasó de Bs 26.966 millones a Bs 174.271 millones.

2006: el punto de partida

El primer Presupuesto General del Estado del gobierno de Evo Morales, aprobado mediante la Ley 3302, estableció el rumbo del gasto público.

En 2006, el gasto corriente alcanzó Bs 26.966 millones, equivalente al 58% del presupuesto consolidado, que ascendía a Bs 46.331 millones.

En ese año, los sueldos y jornales representaron Bs 8.091 millones, mientras que los bienes y servicios sumaron Bs 8.555 millones.

A ello se añadieron transferencias corrientes por Bs 4.079 millones y prestaciones de seguridad social por Bs 3.347 millones.

Incluso el pago de intereses de la deuda pública, por Bs 2.437 millones, seguía siendo un componente relevante del gasto estatal.

El verdadero quiebre se produjo entre 2007 y 2008, en coincidencia con el auge de los precios internacionales de las materias primas.

En solo un año, el gasto corriente saltó de Bs 33.091 millones a Bs 54.550 millones, un incremento del 65%.

La planilla estatal reflejó el mayor impacto: los sueldos y jornales se dispararon de Bs 11.926 millones a Bs 26.951 millones.

Aunque los ingresos corrientes también crecieron —de Bs 40.559 millones a Bs 57.200 millones—, el Estado optó por expandir su propio aparato administrativo.

Al cierre del último año de gestión de Evo Morales, el gasto corriente alcanzó Bs 131.756 millones, más del 61% de los egresos ejecutados, que sumaron Bs 214.724 millones.

La mayor parte de los recursos públicos se destinó al funcionamiento del Estado y no a inversión productiva.

la herencia que llega a arce

Durante el gobierno de Luis Arce Catacora, el gasto corriente mantuvo una trayectoria ascendente.

Según los Presupuestos Generales del Estado, este rubro pasó de Bs 129.806 millones en 2021 a Bs 174.271 millones proyectados para 2025, un crecimiento acumulado del 34,2% en cinco años.

En 2022, el gasto corriente subió a Bs 134.946 millones; en 2023 alcanzó Bs 144.484 millones; y en 2024 escaló a Bs 155.639 millones, gestión en la que el presupuesto fue aprobado mediante decreto. Para 2025, el incremento interanual es del 12%, el más alto del periodo.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento en sueldos y jornales, que pasaron de Bs 43.204 millones en 2021 a Bs 51.919 millones en 2025, además del peso creciente de las subvenciones, especialmente a los hidrocarburos, que este año demandan Bs 15.156 millones.

contrataron hasta músicos

Entre las cifras, un relato resume la lógica de la administración pública durante estos años.

El viceministro Julio Linares reveló que el músico contratado como asesor reconoció: “Soy auditor, pero nunca he trabajado en las atribuciones que me dieron; mi amigo Gustavo Torrico me contrató porque soy buen músico”.

El caso refleja un problema estructural: cargos asignados por afinidad política y no por mérito.

A esto se suman las delegaciones presidenciales, creadas bajo el Decreto Supremo Nº 4457 del 21 de enero de 2021, cuyos integrantes no marcaban horarios ni presentaban informes periódicos.

Su trabajo se limitaba a recibir autoridades, coordinar visitas y, en algunos casos, generar contenido para redes sociales oficiales.

Cada delegación representaba un costo aproximado de Bs 450.000 mensuales. Entre 2014 y 2024, los sueldos estatales escalaron de Bs 18.642 millones a Bs 34.113 millones, con un crecimiento que se extendió a ministerios, empresas públicas y entidades descentralizadas.

Durante años, el MAS justificó esta expansión con el argumento de que el Estado debía liderar el desarrollo y la industrialización.

Sin embargo, la realidad fiscal muestra que más del 50% del empleo formal en Bolivia depende del sector público, mientras que en La Paz casi la mitad de los trabajadores formales están vinculados al Estado.

“Eso explica por qué la economía privada no despega y por qué el gasto corriente se volvió insostenible”, sostuvo Linares.

hay más casos

El economista Germán Molina considera que estos hechos responden a un patrón estructural.

“Durante veinte años, el gasto en sueldos se ha incrementado por encima de lo recomendado internacionalmente, que no debería superar el 10% del PIB para un país como el nuestro”, señaló.

Molina recordó que durante la bonanza económica funcionarios de sectores como el minero percibían salarios y bonos superiores a los del presidente del país, una práctica que se mantuvo incluso cuando los precios internacionales cayeron, elevando los costos de producción de empresas públicas como Comibol y Huanuni.

El ajuste que plantea la actual administración apunta a racionalizar el gasto mediante un presupuesto base cero, obligando a cada institución a justificar su estructura salarial.

Según Molina, el recorte proyectado podría rondar el 30% del gasto corriente innecesario.

El economista advirtió que decretos de emergencia económica, como el 5503, resultan insuficientes si no incluyen lineamientos operativos claros.

“Sin una guía adecuada, la crisis seguirá recayendo sobre la población”, afirmó, subrayando que el problema no fue generado por los hogares ni por el sector privado, sino por un gasto público inflado durante años.