El Gobierno nacional considera que el Decreto Supremo 5503 marca el inicio de un nuevo modelo económico para Bolivia, orientado —según el Ejecutivo— a superar la crisis económica, institucional y de confianza acumulada en los últimos años.

La norma, sin embargo, ha generado reacciones divididas: mientras algunos sectores mantienen protestas y exigen su abrogación, otros optaron por el diálogo y acuerdos con el Ejecutivo.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, presentó el decreto como un punto de quiebre con el pasado reciente y como una herramienta estructural para reordenar el funcionamiento del Estado.

A través de un artículo de opinión difundido en sus redes sociales, la autoridad afirmó que el DS 5503 “no es un cambio discursivo”, sino el inicio de una estructura concreta de acción estatal.

Espinoza sostuvo que el país atravesó una crisis que fue más allá de lo económico y que estuvo marcada por lo que denominó un “Estado tranca”, caracterizado por burocracia, corrupción y discrecionalidad.

A ese escenario atribuyó problemas como la escasez de combustibles, el incremento de la inflación, la caída de las reservas internacionales y la pérdida de confianza en las instituciones públicas.

“El decreto no maquilla esa realidad: la reconoce, la nombra y actúa en consecuencia”, señaló el ministro, quien remarcó que el nuevo enfoque económico busca equilibrar la estabilidad macroeconómica con la justicia social.

En esa línea, explicó que las medidas de estabilización financiera y monetaria estarán acompañadas de un escudo social, que contempla el incremento de la Renta Dignidad, el fortalecimiento del Bono Juancito Pinto y la creación de transferencias extraordinarias focalizadas para los sectores más vulnerables. “Aquí no hay un ajuste ciego, hay priorización”, aseguró.

Desde el Ejecutivo también se destacó que, tras la aplicación del decreto, se logró reducir de forma significativa las colas en los surtidores de combustible, aunque se reconoce que la medida ha tenido un impacto en el bolsillo de la población.

Rechazo sindical y movilizaciones

La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene una posición de rechazo frontal al Decreto 5503, principalmente por la eliminación de la subvención a los combustibles, lo que derivó en incrementos en los precios del gas y el diésel.

La organización sindical cumple jornadas de movilización en La Paz y otras ciudades, exigiendo la abrogación de la norma y anunciando la posibilidad de ampliar las medidas de presión.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que el decreto favorece a sectores empresariales y agroindustriales.

“Está hecho para las transnacionales y los empresarios, pero para el pueblo significa ajustarse más el cinturón”, declaró, al ratificar la convocatoria a un paro general indefinido.

Acuerdos con otros sectores

En contraste con la postura de la COB, diversos sectores sociales y productivos decidieron no adherirse al paro y optaron por el diálogo con el Gobierno.

En Cochabamba, dirigentes del transporte pesado anunciaron que no participarán de las protestas y firmaron un acuerdo para socializar la aplicación del decreto y evaluar medidas de apoyo al sector.

De igual forma, la Cámara de Transporte del Oriente, la Federación Departamental de Transporte de Santa Cruz, federaciones de juntas vecinales en La Paz y sectores de mineros auríferos alcanzaron entendimientos con el Ejecutivo, descartando acciones de presión contra la norma.

Algunas organizaciones empresariales y productivas también expresaron un respaldo implícito a las medidas, al considerar que los subsidios a los combustibles eran fiscalmente insostenibles y generaban un desequilibrio en las finanzas públicas, aunque este apoyo no ha sido uniforme ni explícito en todos los casos.

Posición del Gobierno

Frente a las protestas y tensiones sociales, el Gobierno reiteró su disposición al diálogo, pero dejó en claro que el Decreto 5503 no será derogado.

“No se modifica ni se abroga, pero puede mejorarse en aspectos específicos”, señalaron autoridades, ratificando que la norma constituye la base del nuevo rumbo económico que impulsa la administración del presidente Rodrigo Paz.