Luego de conocer el Auto Constitucional 0087/2025 que pone fin a la prórroga de los magistrados del TCP y TSJ, la diputada oficialista Patricia Patiño (PDC) saludó la decisión, pero advirtió claramente que el cese de funciones "no significa un pasaporte a la impunidad". La legisladora ratificó que los procesos abiertos contra las exautoridades por omisiones, acciones irregulares y decisiones cuestionadas durante su mandato prorrogado deben continuar. Patiño aseguró que el Legislativo vigilará de cerca los procesos para transparentar la justicia y no se permitirá que los investigados eludan sus responsabilidades.

La diputada Patiño enfatizó que las exautoridades judiciales "autoprorrogadas" causaron un daño considerable al Estado, que no fue solo de índole económico, sino también un perjuicio en términos de credibilidad y aplicación de normas. En ese sentido, la legisladora indicó que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz debe aplicarse por las acciones irregulares cometidas durante el extenso periodo de prórroga, una situación que generó gran incertidumbre en la democracia boliviana, según el diputado Víctor Quispe (PDC).

La Sala Plena del TCP, integrada por los magistrados prorrogados, resolvió poner fin a su propio mandato, afectando a cinco magistrados del TCP y dos del TSJ (Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Égüez Añez). El Auto Constitucional 0087/2025 establece que el cese de actividades debe ocurrir en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la notificación. Este plazo se otorga para permitir la transición y evitar un vacío institucional, garantizando al mismo tiempo la legalidad de todos los actos emitidos durante la prórroga, bajo criterios de seguridad jurídica.

El diputado Víctor Quispe valoró la decisión del TCP, señalando que el país estaba sumido en una incertidumbre "muy grande" y que esta resolución abre un "nuevo momento jurídico" en Bolivia. El legislador vinculó este cambio con la reciente eliminación del Ministerio de Justicia por parte del presidente Rodrigo Paz, una cartera que, a su criterio, manejaba la instancia judicial. El oficialismo se muestra optimista de que con el cese de los autoprorrogados y la reestructuración ministerial, vendrán "tiempos mejores para la justicia" boliviana.