La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo una audiencia pública este miércoles 19 de noviembre en la Universidad de Miami para dar seguimiento a las muertes de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), ocurridas durante la crisis de 2019. Esta sesión se realiza tras la decisión de la Justicia boliviana de declarar nulos los procesos contra la expresidenta Jeanine Añez y otros sindicados, debido a que la Constitución exige un Juicio de Responsabilidades para ex dignatarios. La CIDH ya había expresado su preocupación por dicha decisión el pasado 13 de septiembre.

Abogados como Ramiro Orías y el jurista Javier Viscarra señalaron que esta audiencia representa una "oportunidad inmejorable" para que el nuevo gobierno de Rodrigo Paz defina su postura sobre la agenda nacional de derechos humanos. Orías afirmó que el Gobierno debe iniciar un diálogo con instancias internacionales de protección para desarrollar una transición democrática con estándares de justicia internacional. Viscarra añadió que es una ocasión relevante para presentar el "nuevo rostro institucional" del país y reafirmar su compromiso con los valores democráticos.

El diplomático Jaime Aparicio mantiene una postura crítica, señalando que la convocatoria de la CIDH es un encuentro con "móviles políticos" y busca "provocar" al nuevo gobierno de Paz a una semana de su llegada al poder. Según Aparicio, la organización internacional estaría incómoda por la liberación de Jeanine Añez y actúa rápidamente antes de que asuma una nueva comisionada. Esta visión sugiere que la CIDH está politizando el evento en lugar de enfocarse en la defensa neutral de los derechos humanos.

La audiencia obliga al gobierno de Rodrigo Paz a definir su estrategia frente al "legado pendiente" de graves violaciones a derechos humanos, que según juristas como Orías, fueron heredadas luego de dos décadas. El canciller, Fernando Aramayo, debe haber dispuesto una estrategia clara para encarar la audiencia y explicar a la comunidad internacional el protagonismo que tendrá la agenda de derechos humanos en la nueva administración. La CIDH busca respuestas sobre las muertes de 37 personas producto de la represión en 2019.