Los representantes del sector productivo boliviano, entre ellos la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), se reunieron este viernes con el presidente Luis Arce Catacora para abordar la reglamentación del Decreto Supremo que autoriza la libre importación y comercialización de combustibles en Bolivia.

La reunión, celebrada antes de la cita con el mandatario, fue clave para que los sectores productivos expusieran su preocupación por los atrasos en la reglamentación del decreto, que afecta directamente la actividad agrícola e industrial del país. En particular, los productores enfatizaron que la urgencia no solo radica en el sector primario, sino también en la industria que depende del suministro de combustibles para su operación.

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), su presidente José Luis Farah destacó que la responsabilidad de garantizar el suministro de combustibles debe recaer en el gobierno nacional y en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). "Los productores estamos aquí para producir alimentos para el país, no para encargarnos de la logística de importación de carburantes. Lo que necesitamos es que el gobierno nos proporcione el combustible para poder continuar con la siembra y cosecha", señaló Farah, subrayando que sin el suministro adecuado de diésel, no es posible garantizar la producción alimentaria.

Por su parte, Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, destacó que la reglamentación del decreto debe ser lo más ágil posible para evitar que la demora siga afectando la cosecha de invierno y la siembra de verano 2024-2025. “El combustible no se necesitaba para hoy, era para ayer. La urgencia es grande y afecta tanto al sector agrícola como al industrial”, señaló Antelo, quien además indicó que Cainco está dispuesto a colaborar en la reglamentación del decreto para asegurar que sea rápida y acorde con las necesidades del país.

Desde la Asociación de Surtidores Privados (Asosur), también se hizo un llamado a que la reglamentación se realice bajo los principios de legalidad y seguridad jurídica, fundamentales para garantizar la transparencia y la correcta implementación de la norma.

Los sectores productivos consideran que la reglamentación oportuna del decreto es fundamental para solucionar la crisis del suministro de combustibles y asegurar la continuidad de la producción de alimentos, especialmente en un momento crítico para la agricultura boliviana, que depende del diésel para sus maquinarias y transporte.

En resumen, tanto Cainco como Asosur hicieron un llamado urgente a acelerar el proceso de reglamentación, ya que el tiempo sigue corriendo y la crisis del diésel afecta la economía nacional en varios frentes.