Jueza Lilian Moreno es cuestionada por su pasado en el gobierno del exmandatario y por presunto conflicto de intereses

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este miércoles el inicio de una investigación disciplinaria contra la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en el marco del caso por trata de personas con agravante.

“El Consejo de la Magistratura va a ser tajante cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión judicial ha sido en contra de la ley, tengan por seguro que este funcionario judicial va a ser sancionado”, afirmó Baptista en contacto con los medios de comunicación.

La resolución, emitida por la jueza del Juzgado de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, no solo anuló la orden de captura, sino que además paralizó la investigación que se desarrollaba en Tarija y ordenó el traslado del proceso judicial a Cochabamba, región considerada un bastión político y sindical del exmandatario.

La decisión fue asumida luego de que la defensa de Morales presentara una “nota de queja”, acción que derivó en fuertes críticas desde distintos sectores, debido a que se considera que podría existir un conflicto de intereses. Lilian Moreno ocupó varios cargos de confianza durante el gobierno de Morales entre 2012 y 2016, incluyendo funciones como jefa jurídica y gerente regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en Santa Cruz. También fue parte de la empresa estatal ENFE antes de asumir como jueza, poco antes de la renuncia del exmandatario en 2019.

Pese a que Baptista reiteró el respeto a la independencia judicial, advirtió que el caso será objeto de una revisión exhaustiva. “La información donde una juez habría cometido tal vez un acto observable va a ser revisada”, remarcó.

La resolución judicial ha desatado nuevas tensiones en el ya cuestionado sistema judicial boliviano, al que se le atribuyen fallos parciales y supuestas injerencias políticas, especialmente en casos de alto perfil. La investigación del Consejo podría sentar un precedente sobre la actuación de jueces en procesos sensibles y de impacto nacional.

Crédito: El Deber