La Defensoría del Pueblo, en su rol como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), expresó su profunda preocupación por la constante obstaculización de su labor por parte del Estado, lo que afecta el cumplimiento de su mandato constitucional y compromisos internacionales, especialmente en relación con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Bolivia en 1999, y el Protocolo Facultativo de la misma, ratificado en 2005.

La Defensoría reportó varias incidencias recientes donde se dificultó el acceso de su personal a lugares de detención. En particular, mencionaron los hechos ocurridos entre junio y noviembre de este año. El 27 de junio, el MNP enfrentó una espera de siete horas para poder realizar sus labores tras la presencia de movimientos militares inusuales en la plaza Murillo. Similar situación se presentó el 30 de junio, cuando los funcionarios debieron esperar cuatro horas para cumplir con su misión. El 7 de julio, el MNP experimentó una espera de cinco horas en la detención de un activista ambiental. La situación más crítica se produjo entre el 1 y 2 de noviembre, cuando se impidió durante más de doce horas el ingreso del personal del MNP a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.

Como respuesta a esta situación, el MNP presentó el 5 de noviembre una Acción Constitucional contra la Policía Boliviana, exigiendo que se garantice el cumplimiento de las normativas que facultan al MNP en su labor de prevención de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Juzgado Décimo del departamento de La Paz recomendó que la Policía permita el ingreso irrestricto de los funcionarios del MNP a las instalaciones donde se encuentran personas detenidas, a fin de cumplir con su mandato constitucional de supervisión y prevención.

Este hecho pone en evidencia la creciente tensión entre las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos y las autoridades del Estado, en un contexto de conflictividad interna y retos para el sistema de justicia y seguridad del país.