La movilización de indígenas y campesinos provenientes de Beni y Pando cumple este jueves su cuarto día en la sede de gobierno, manteniendo una vigilia permanente en inmediaciones de la Vicepresidencia. A pesar del acuerdo preliminar firmado ayer entre el presidente Rodrigo Paz y la CSUTCB, los marchistas aclararon que no abandonarán las calles hasta que la abrogación de la Ley 1720 sea oficializada por la Asamblea Legislativa.

“Con nosotros no hay ningún acuerdo, queremos la abrogación de la 1720; se abroga y ya no estaremos en las calles”, sentenció Carmelo Arce, representante de los movilizados, quien enfatizó que la protesta no tiene tintes políticos sino una demanda legítima por la seguridad de sus territorios.

Tratamiento legislativo en curso En la Cámara de Diputados, la expectativa es alta. La presidenta en ejercicio, Daniela Cabrera, confirmó que el Órgano Ejecutivo enviará el proyecto de ley para anular la normativa. El procedimiento establece que el documento debe ser analizado por una comisión y, de obtener un informe positivo, será remitido de inmediato al pleno para su votación este mismo jueves.

¿Qué dice la Ley 1720? Promulgada apenas el pasado 10 de abril de 2026, la Ley 1720 autoriza al INRA la conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas a propiedad mediana. Según el Gobierno, la norma busca facilitar el acceso a créditos bancarios y fomentar la modernización productiva; sin embargo, los sectores indígenas denuncian que esta figura pone en riesgo la propiedad comunitaria y abre las puertas a la mercantilización de sus tierras.