Magistratura reactiva procesos contra jueces por corrupción en Cochabamba
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó la reactivación de múltiples procesos penales y disciplinarios que involucran a jueces y exjueces del departamento de Cochabamba. Los casos identificados señalan graves irregularidades en la administración de justicia, con cargos activos por delitos como prevaricato, corrupción, uso indebido de bienes del Estado, falsificación y usurpación de funciones.
Baptista explicó que el Consejo de la Magistratura reencausó y reactivó diversas causas que se encontraban "dormidas" o paralizadas, como parte de su política de transparencia y control interno. El objetivo es que la justicia determine la responsabilidad de estos funcionarios, advirtiendo que, si son hallados culpables, "no podrán continuar en la función pública" para restablecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Entre los casos destacados se encuentra el de un exjuez de Sacaba con mandamiento de aprehensión y solicitud de cooperación internacional a Interpol por presuntamente conformar un consorcio de corrupción judicial. Asimismo, una exjueza de la capital fue sentenciada a siete años de prisión por prevaricato e incumplimiento de deberes, aunque su sentencia aún está en fase de apelación.
Otro proceso reactivado implica a un exregistrador de Derechos Reales investigado por usurpación de funciones y uso indebido de instrumento falsificado, al haber presentado una libreta de servicio militar falsa para acceder al cargo. Adicionalmente, dos jueces de Cochabamba, incluido uno de Quillacollo, enfrentan investigaciones penales por prevaricato, con uno de ellos a la espera de una audiencia para determinar su detención preventiva.
Baptista concluyó que continuará informando sobre casos similares en otros distritos del país, asegurando que la reactivación de estos procesos es crucial para que haya una "respuesta efectiva" contra la corrupción judicial. La Magistratura busca limpiar la imagen del Órgano Judicial y garantizar una administración de justicia más transparente y libre de irregularidades.
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