El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denunció en conferencia de prensa que 14 empresas públicas provocaron la pérdida de 2.205 millones de dólares de las Reservas Internacionales del país, situación que, según afirmó, es una de las principales causas de la crisis económica, financiera y cambiaria que atraviesa Bolivia.

“Estas 14 empresas fundieron 2.205 millones de dólares de nuestras reservas internacionales. La crisis económica sin precedentes que vive Bolivia se debe justamente a la ausencia de reservas, que fueron completamente licuadas a través de este proceso de creación de empresas”, declaró la autoridad.

Las empresas señaladas por el ministro son: EBA, ECEBOL, EEPAF, EMAPA, ENVIBOL, QUIPUS, SENATEX, YACANA, MUTÚN, BOA, Editorial del Estado, EASBA, EBIH y YLB.

Lupo explicó que en 2006 existían nueve empresas públicas, mientras que actualmente el número se incrementó a 67, de las cuales 45 son nuevas empresas y 22 son subsidiarias. Añadió que cuatro empresas ya fueron cerradas, lo que generó una pérdida directa de 122 millones de dólares.

Asimismo, el ministro alertó sobre la existencia de empresas denominadas “zombies”, que operan en quiebra técnica y con patrimonios negativos. Indicó que se requeriría una inversión de 697 millones de bolivianos solo para cubrir deudas y obligaciones con acreedores, recursos que estas empresas no generan.

Respecto al proceso de industrialización, Lupo informó que de 174 plantas planificadas, únicamente 40 fueron entregadas, 134 continúan en construcción y solo 19 se encuentran en funcionamiento. Además, señaló que 60 plantas son inviables, lo que representa un daño económico estimado en 1.132 millones de dólares.

“El costo total de la corrupción en empresas públicas y plantas industriales equivale a 2.595 millones de dólares: 1.463,5 millones de dólares de daño en empresas públicas y 1.132 millones en plantas industriales”, precisó.

El ministro también advirtió que en los próximos 90 días el Estado deberá pagar 222 millones de dólares en deudas de empresas públicas que no generan ingresos, lo que agravará la situación fiscal.

Finalmente, anunció que se realizará una investigación técnica y financiera, y no descartó que la Comisión de la Verdad amplíe su trabajo a este presunto desfalco. Asimismo, adelantó una reingeniería fiscal que incluirá la reestructuración de las empresas públicas, auditorías responsables y la identificación de las autoridades que autorizaron estos gastos para establecer responsabilidades.