El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Yamil Nacif, alertó que en los últimos 20 años los productores del país han sido víctimas de al menos dos delitos recurrentes en el marco de los avasallamientos: la toma ilegal de tierras y el secuestro con maltrato a personas.

“Aquí hay dos tipos de delito: uno, el avasallamiento, y otro, el secuestro y el maltrato de muchas personas que ha habido en todos estos casos”, manifestó en una entrevista con medios de comunicación, destacando que estas prácticas han generado un impacto directo no solo en lo personal, sino también en la economía nacional.

Como ejemplo, mencionó el caso de Cochabamba, donde el área productiva se redujo en un 40% a raíz de la toma ilegal de tierras. En esta misma línea, lamentó que las autoridades recién reaccionen cuando las situaciones se tornan críticas, recordando el caso del predio Patujú, en Montero, donde incluso el gobernador Luis Fernando Camacho tuvo que ingresar a la zona avasallada como medida de presión para que se ejecutara un operativo policial.

Nacif denunció además que los avasallamientos no solo afectan a propiedades privadas, sino también a espacios públicos, reservas naturales y tierras fiscales. “Eso es lo que nosotros ya no aguantamos más”, señaló, al cuestionar lo que calificó como un modus operandi vinculado a las bases sociales de partidos políticos.

Finalmente, el dirigente remarcó que existen predios avasallados que se encuentran en plena producción de carne, leche y caña, por lo que el sector exige respeto a la Ley y mayor seguridad jurídica para garantizar la continuidad del trabajo agrícola y pecuario.