La economía boliviana comienza a delinear una agenda estratégica de salida a la crisis tras el severo impacto provocado por 51 días de bloqueos consecutivos. Ante la ruptura de la cadena logística nacional, los principales sectores productivos del país —industriales, microempresarios, transportistas y operadores de comercio exterior— coinciden en un diagnóstico alarmante: el país ha entrado en una fase crítica de agotamiento económico y social que golpea de forma directa al empleo, la inversión privada y el consumo interno.

Frente a este escenario, la Cámara Nacional de Industrias (CNI), liderada por Gonzalo Morales, planteó formalmente el “Plan de Reactivación Económica y Empleo Post Bloqueos”, una propuesta integral orientada a inyectar liquidez y reconstruir el capital de trabajo de las empresas que quedaron asfixiadas. El plan plantea un alivio financiero inmediato a través del diferimiento por 90 días en el pago de impuestos clave como el IVA, IT, RC-IVA e IUE (correspondientes a mayo y junio), además de establecer periodos de gracia. Asimismo, el asesor de la CNI, Hugo Siles, detalló la necesidad de estructurar un fondo de recuperación financiado por organismos multilaterales, la canalización de créditos productivos por más de Bs 13.000 millones, y la creación de un Bono Familia extraordinario de Bs 1.000 destinado a 3,5 millones de personas con el fin de dinamizar de forma urgente la demanda interna.

Por su parte, los sectores de la micro y pequeña empresa, representados por Edwin Fernández (Conamype), advirtieron que los productores se encuentran en una "hecatombe" financiera debido a la pérdida irreversible de mercadería estacional, por lo que exigen un congelamiento de deudas bancarias por seis meses y el acceso a tasas mínimas con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP). El sector del transporte pesado, mediante Álvaro Ayllón (Cadetran), sumó la urgencia de reponer su capital operativo devorado por la paralización, normalizar el suministro de carburantes y viabilizar la condonación de multas aduaneras por sobreestadía de contenedores. Más allá de la emergencia, los actores del comercio exterior, el turismo y la industria exigen al Gobierno nacional brindar seguridad jurídica y certezas estructurales permanentes mediante dos normativas clave: una nueva Ley de Inversiones y una Ley de Libre Transitabilidad que penalice definitivamente el bloqueo de carreteras como método de protesta.