Cuba impuso penas de prisión de cinco y seis años a seis ciudadanos de Manicaragua, provincia de Villa Clara, por participar en protestas pacíficas que exigían electricidad y que incluyeron “toques de calderos (cacerolas)” frente a la sede del Gobierno municipal. La sentencia, emitida por el Tribunal Provincial de Villa Clara, forma parte de un proceso por supuestos “delitos vinculados con la seguridad del Estado”, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

José Águila Ruiz fue condenado a seis años por “propaganda contra el orden constitucional”, mientras que Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez recibieron la misma pena por “desórdenes públicos”. Osvaldo Agüero Gutiérrez, Narbiel Torres López, de 18 años, y Yoan Pérez Gómez fueron sancionados con cinco años de cárcel, junto con la privación de derechos políticos y la prohibición de salir del país.

La sentencia señala que los acusados formaron parte de un grupo de más de 100 personas que el 20 de octubre de 2024 se concentró frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manicaragua. Durante la protesta, los manifestantes golpearon objetos metálicos y gritaban “Queremos corriente”, interrumpiendo la circulación vial y obstaculizando la labor de los funcionarios.

El OCDH calificó la decisión judicial como un “fraude” y advirtió que busca criminalizar la protesta cívica, limitando derechos constitucionales fundamentales. La organización cuestionó la falta de pruebas objetivas y la dependencia de testimonios de funcionarios del MININT, además de señalar un lenguaje políticamente sesgado que compromete la imparcialidad del tribunal.

“La ausencia de delito debidamente probado debería haber resultado en la absolución inmediata de los acusados, que llevan ilegalmente privados de libertad desde octubre de 2024”, expresó el OCDH, resaltando que el fallo no respeta garantías de debido proceso ni la presunción de inocencia.