El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía de Chuquisaca contra cinco Magistrados Autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La denuncia se basa en la comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, además de Usurpación de Funciones, previstos en el Código Penal boliviano.

El documento presentado en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca resalta la necesidad de respetar la supremacía constitucional y garantizar el fiel y estricto cumplimiento de sus prerrogativas. La acción legal se fundamenta en la interpretación literal de la Constitución Política del Estado (CPE), la cual establece que el mandato de estas autoridades judiciales es por un periodo fijo de seis años.

La denuncia detalla que, si bien las elecciones judiciales de 2017 eligieron a estas autoridades para el periodo 2018-2023, el Auto Constitucional 49/2023 de 11 de diciembre determinó de manera unilateral la extensión de sus mandatos. Esta situación se mantiene vigente pese a que ya se realizaron nuevas elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024, lo que constituye una usurpación de funciones.

Los magistrados denunciados son Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo e Isidora Jiménez Castro, además de otros que pudieron haber participado en la auto prórroga. El TSJ argumenta que la prórroga es arbitraria y va en contra de la CPE, lo que exige una acción inmediata por parte de la Fiscalía para restablecer el orden constitucional.

Esta acción del presidente del TSJ busca presionar la crisis judicial generada por la auto prórroga, pese a que algunos cargos en el TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura ya se renovaron. La formalización de la denuncia penal es un paso significativo para detener la permanencia de autoridades que, según el TSJ, están ejerciendo funciones que ya no les corresponden por mandato legal.