El Gobierno de Bolivia reafirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su disposición de implementar las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia de 2019. La audiencia pública se realizó este martes en Estados Unidos y contó con la participación virtual del ministro de Justicia, Freddy Vidovic.

“El Gobierno comprende la preocupación de las víctimas, pero ratifica la voluntad del Ministerio de Justicia de coordinar con otras entidades del Estado la implementación de las recomendaciones en materia de investigación”, afirmó Vidovic.

El ministro destacó que la administración del presidente Rodrigo Paz continúa aplicando la Política Plurinacional de Reparación Integral, vigente desde 2023, la cual contempla seis líneas estratégicas —rehabilitación, compensación, investigación, sanción, prevención y garantías de no repetición—. Según informó, al menos 21 instituciones estatales han reportado acciones en favor de las 666 víctimas directas identificadas por el GIEI.

Casos Sacaba y Senkata: juicios anulados y nueva vía judicial

Vidovic se refirió además a las recientes decisiones del Órgano Judicial que anularon los procesos ordinarios por las muertes en Sacaba y Senkata. Explicó que los casos ahora deben tramitarse mediante juicio de responsabilidades, conforme a la Ley 044.

Asimismo, aclaró que la anulación de la sentencia por el caso del nombramiento presidencial de Jeanine Áñez responde al Auto Supremo 011/2025 del Tribunal Supremo de Justicia, que determinó que la exmandataria asumió la presidencia por un “estado de necesidad constitucional” ante el vacío de poder en 2019.

Indicó que los obrados serán remitidos a la Fiscalía General del Estado para iniciar el proceso correspondiente, y recordó que las víctimas todavía pueden presentar una acción de amparo constitucional dentro del plazo legal de seis meses.

La CIDH pide avances concretos

El presidente de la CIDH y relator para Bolivia, José Luis Caballero, valoró la apertura del Estado boliviano, pero advirtió que los compromisos deberán traducirse en acciones verificables, especialmente en el ámbito judicial y en los mecanismos de reparación.

“Hay apertura para escuchar a las víctimas, lo agradecemos, pero vamos a dar seguimiento con acciones concretas”, declaró Caballero.

Familias advierten riesgo de impunidad

Las familias de las víctimas de Sacaba y Senkata participaron presencialmente y expresaron su preocupación por el viraje en los procesos. David Inca, asesor de los afectados, calificó las anulaciones como un “mecanismo de impunidad”.

“No nos interesa cómo haya asumido el cargo Áñez. En su gobierno hubo ejecuciones sumarias, masacres, torturas… y eso debe investigarse”, afirmó.

Una familiar añadió que el juicio de responsabilidades “nos deja sin acceso a la justicia” y pidió la intervención de instancias internacionales para evitar que los casos queden sin sanción.