El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que la Ley de Diferimiento aprobada por legisladores de la administración del expresidente Luis Arce queda en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre su validez.

Espinoza explicó que las entidades que representan al sistema financiero del país presentaron medidas cautelares ante el TCP, observando lo que califican como un proceso “irregular” en la aprobación de la norma. Señaló que el Gobierno acatará lo que disponga la Justicia respecto al procedimiento.

Durante la aprobación de la ley, detalló que el proyecto original fue aprobado en Diputados y luego modificado en el Senado. Según Espinoza, lo correcto habría sido que la versión modificada retorne a Diputados para su tratamiento y, en caso de persistir diferencias, recién sea enviada a la Asamblea. Sin embargo, el documento pasó directamente del Senado a la Asamblea, lo cual —afirmó— generó confusión.

La Ley de Diferimiento fue aprobada el 31 de octubre y promulgada el 5 de noviembre. Establece que las entidades financieras deben diferir automáticamente por seis meses el pago de cuotas de créditos de vivienda de interés social y de micro y pequeñas unidades económicas, incluyendo capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos.

La norma plantea beneficiar a 1,4 millones de prestatarios: 100.071 en créditos de Vivienda de Interés Social, 1.319.991 en operaciones microcrediticias y 12.960 en créditos destinados a pequeñas unidades económicas.