La Sala de Apelaciones de la CPI, por unanimidad, desestima los argumentos del régimen venezolano y confirma la autorización para investigar crímenes de lesa humanidad.

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este viernes que, por unanimidad, ha rechazado la apelación presentada por el régimen de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I. Esta última había autorizado la continuación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La Fiscalía de la CPI abrió la investigación en noviembre de 2021, tras una remisión de seis países americanos. Sin embargo, en abril de 2022, la investigación se detuvo temporalmente debido a una solicitud de inhibición presentada por el régimen de Maduro. Alegaron que ya estaban llevando a cabo actuaciones nacionales. No obstante, la Sala de Cuestiones Preliminares I permitió la reanudación de la investigación en junio de 2023.

En respuesta a la apelación presentada por el régimen, la Sala de Apelaciones ha confirmado la decisión de continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El presidente de la Sala de Apelaciones, juez Marc Perrin de Brichambaut, destacó que la decisión fue tomada por unanimidad.

Durante la audiencia pública, representantes de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Víctimas refutaron los argumentos presentados por el régimen venezolano. Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas, subrayó que Venezuela no está investigando adecuadamente los crímenes denunciados.

Paralelamente, el Instituto Casla denunció la crítica situación de los presos políticos en Venezuela. Señalaron traslados forzados y condiciones inhumanas en las que se encuentran los detenidos. El Instituto Casla recordó que varios de estos presos tienen medidas cautelares de protección de la CIDH.

La decisión de la CPI marca un paso significativo en la búsqueda de justicia por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela bajo el régimen de Maduro. La continuidad de la investigación refuerza la importancia de rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.