El Gobierno del presidente Rodrigo Paz confirmó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 será reformulado antes de su tratamiento final en la Asamblea Legislativa Plurinacional, debido al crítico estado financiero heredado de la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El delegado presidencial Alejandro Medinaceli explicó que el documento enviado por el gobierno de Luis Arce “no refleja la realidad económica del país” y debe ser modificado de manera urgente. “Amerita una reformulación al presupuesto porque sabemos que los números están en rojo y tiene que sufrir varios cambios”, afirmó. Añadió que se realizará una reunión de coordinación entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo para definir los ajustes, los cuales estarán a cargo del Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, ya había anticipado el sábado que el PGE será modificado en el marco de una política estricta de austeridad. Entre las medidas en evaluación están la reducción del gasto corriente, la limitación de nuevas contrataciones e incluso el congelamiento de la planilla del sector público.

Las autoridades del Ejecutivo atribuyen la crisis fiscal a la gestión del MAS durante los últimos 20 años. El presidente Paz denunció que el proceso de reordenamiento estatal ha revelado “deudas no registradas, compras irregulares y desfalcos millonarios”. “No es fácil desmantelar toda la institucionalidad corrupta que nos dejó el MAS, pero lo estamos haciendo”, afirmó.

Por su parte, Espinoza advirtió que la situación es crítica: “Tenemos más de 320 pedidos de sectores—gobiernos municipales, gobernaciones, universidades, cajas y acreedores—para realizar pagos que hoy no pueden ejecutarse porque lo que han dejado en las cuentas del Estado es nada, ni en dólares ni en bolivianos”.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, adelantó que el proceso de reformulación podría extenderse debido a la falta de transparencia encontrada en la contabilidad estatal. “Parece que va a demorar más tiempo al detectar las irregularidades y la opacidad en la administración del Estado. Esto implica una evaluación mayor”, afirmó.

El plazo para aprobar el PGE 2026 vence el 31 de diciembre, mientras el Ejecutivo acelera auditorías y ajustes para presentar un presupuesto que refleje la verdadera situación económica del país.