Industriales exigen archivo de Ley Láctea por vulnerar seguridad jurídica
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Asociación Nacional de Industriales Lecheros (ANDIL) rechazaron categóricamente el Proyecto de Ley 528/2024−2025, que busca reponer el extinto Fondo Pro Leche bajo el nombre “Leche para Crecer”. Los industriales demandan su archivo inmediato, argumentando que la iniciativa vulnera la seguridad jurídica para la inversión privada y que propuestas de este tipo deben ser abordadas por la próxima Asamblea Legislativa.
El asesor económico de la CNI, Hugo Siles Espada, recordó que el Fondo Pro Leche original, vigente por 14 años, no cumplió sus objetivos y tuvo un manejo financiero cuestionable: se ejecutaron solo 70 millones de bolivianos, pero se desconoce el destino de otros 500 millones recaudados por el programa. El fondo se financiaba con la retención de Bs0.10 por litro de cerveza, importaciones de alcohol y aportes de empresas lácteas.
Siles presentó cifras que evidencian el fracaso del antiguo fondo en fomentar el crecimiento del sector: mientras que entre 1990 y 2011 la producción láctea creció en promedio 4.3%, durante la vigencia del fondo, entre 2016 y 2024, el crecimiento apenas alcanzó el 0.1%. Estos datos demuestran que el programa no funcionó y el manejo económico resultó ser poco transparente.
Los industriales enfatizaron que el actual proyecto de ley guarda claras similitudes con iniciativas anteriores que ya fueron rechazadas por el pleno de la Asamblea en abril de este año. En este contexto, recordaron que la Constitución Política del Estado establece que un proyecto rechazado solo puede ser nuevamente presentado en la siguiente legislatura, por lo que su reiterada consideración vulnera el marco constitucional y los principios de legalidad.
Por lo tanto, los industriales del sector lácteo ratifican su compromiso con el desarrollo de la industria, pero insisten en que las políticas deben ser construidas de manera participativa con todos los actores. Exigen que la propuesta sea archivada y que se garantice la seguridad jurídica para la inversión en un sector con alto potencial de mercado en el norte de Chile y el sur de Perú.
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