Las tensiones internas en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) escalaron dramáticamente luego de que las magistradas electas en 2024, Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca, presentaran una denuncia penal por falsedad ideológica. La acción legal apunta contra los cinco magistrados que permanecen en funciones mediante prórrogas cuestionadas desde diciembre de 2023. La denuncia se formalizó tras la emisión del Auto Constitucional 070/2025, mediante el cual los magistrados "autoprorrogados" habilitaron una tercera extensión de mandato.

La magistrada Verónica Prudencio criticó duramente que el Auto Constitucional 070/2025 se aprobó en "completo hermetismo", sin que los cuatro magistrados elegidos en 2024 fueran informados ni convocados para participar en la decisión. Prudencio señaló que la resolución fue tramitada y suscrita únicamente por los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Isidora Jiménez, Karen Gallardo y Julia Cornejo. El documento fue emitido como si los magistrados electos no hubieran emitido criterio, pese a haber desconocido la tramitación de esa resolución.

Según la denuncia, la Secretaría General del TCP justificó la exclusión de los magistrados electos argumentando que no participaron en decisiones previas, lo que fue calificado de irregular por Prudencio. El Auto 070/2025 establece que los magistrados prorrogados no dejarán sus cargos hasta que asuman sus sucesores, una decisión que, según la magistrada, bloquea la facultad de la Asamblea Legislativa para cesar funciones y viabilizar los comicios judiciales. Pese a que el TCP ya cuenta con cuatro miembros titulares electos, los prorrogados se imponen 5-4 en la Sala Plena.

La magistrada Prudencio recordó que el Tribunal Constitucional ya cuenta con cuatro miembros titulares elegidos en 2024 (Prudencio, Villca, Boris Arias y Ángel Dávalos), por lo que no existe impedimento para restituir la normalidad institucional mientras se organiza la renovación total de autoridades. Sin embargo, la decisión final recae en la Sala Plena, donde los magistrados electos se consideran "atados de manos" por el voto de los prorrogados. La denuncia penal busca ahora que la justicia ordinaria investigue la validez del Auto 070/2025.