Río de Janeiro amaneció este martes bajo fuego. Una operación de gran escala, con 2.500 agentes, helicópteros, vehículos blindados y drones, irrumpió en los complejos de favelas de Alemão y Penha —en la zona norte de la ciudad— con el objetivo de capturar a jefes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

El saldo preliminar fue estremecedor: 64 personas fallecidas —entre ellas cuatro policías—, más de 80 detenidos y un clima de tensión generalizada en barrios densamente poblados donde viven más de 200.000 personas.

El objetivo: “Doca”, uno de los líderes más buscados

La acción policial se centró en la captura de Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado como jefe regional del Comando Vermelho en Penha. Nacido en 1970 en Paraíba, carga más de un centenar de causas por homicidio, narcotráfico, tortura y asociación criminal.

Según la Fiscalía, “Doca” coordina operaciones delictivas en Vila Cruzeiro y Morro do São Simão, además de ataques cometidos este año contra delegaciones policiales. Las autoridades mantienen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que permita su captura.

En la ofensiva se incautaron 42 fusiles de alto calibre y se desplegaron más de 30 blindados, dos helicópteros y drones de reconocimiento y ataque para guiar el avance en las estrechas callejuelas donde se instaló una férrea resistencia.

La acción más letal en la historia de la ciudad

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la intervención como una “guerra” y aseguró que el estado está “solo en este enfrentamiento”, luego de que las Fuerzas Armadas rechazaran tres solicitudes de apoyo.

Para Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, esta fue “la operación más letal contra grupos criminales en la historia de Río”, y la tercera alta en número de muertes durante la gestión de Castro.

“Durante años, ‘Doca’ ha sido el arquitecto de la expansión violenta del Comando Vermelho. Es uno de los criminales más poderosos de la ciudad”, señaló Dalby.

El experto advierte que la organización muestra una capacidad “casi paramilitar”, con control de servicios básicos y gobernanza criminal sobre sus territorios.

Un barrio convertido en campo de batalla

La ofensiva paralizó la vida diaria. Ráfagas de disparos, drones lanzando granadas, comercios cerrados y clases suspendidas en 45 escuelas marcaron una jornada de miedo para miles de familias atrapadas en el fuego cruzado. Doce líneas de buses cambiaron su ruta y servicios públicos quedaron interrumpidos.

Las denuncias por uso excesivo de la fuerza volvieron a la superficie. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre un patrón sistemático de letalidad policial en Río de Janeiro.

Human Rights Watch advirtió que un reciente proyecto de ley podría incentivar a los agentes a usar la fuerza letal contra sospechosos, mientras investigaciones previas ya habían evidenciado casos de ejecuciones extrajudiciales encubiertas como enfrentamientos.

Un ciclo que se repite

No es la primera vez que una operación de este tipo deja un alto número de víctimas. En 2022, una redada en Vila Cruzeiro —parte del mismo entorno urbano— dejó al menos 23 muertos y múltiples denuncias de civiles alcanzados en el fuego cruzado.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones policiales en Río. Este martes se sumaron 64 más a la estadística.

El desafío que viene

Expertos coinciden en que el éxito de este operativo no solo se medirá por las capturas e incautaciones, sino por la capacidad del Estado de disminuir la violencia residual, garantizar investigaciones independientes sobre las muertes y fortalecer su presencia en favelas históricamente abandonadas.

Sin ese componente social y de gobernanza, el control obtenido podría ser solo temporal, manteniendo vivo el ciclo de violencia que ha marcado la historia reciente de la ciudad.

La operación sigue en curso y el balance final aún puede modificarse.