El Kremlin incluye a la reconocida ONG en su lista de “organizaciones indeseables”, criminalizando cualquier colaboración y reforzando el cerco informativo

El régimen de Vladímir Putin ha dado un nuevo golpe contra la libertad de prensa al declarar “indeseable” a Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las organizaciones más influyentes en la defensa de periodistas a nivel mundial. La decisión, publicada por el Ministerio de Justicia ruso, implica la prohibición de cualquier actividad de la ONG en el país y expone a quienes colaboren o la financien a procesos judiciales con posibles penas de prisión.

La figura legal de “organización indeseable”, creada en 2015, forma parte de un entramado normativo que incluye también la ley de “agentes extranjeros” y que ha sido utilizado para desmantelar la sociedad civil independiente. Más de 250 entidades han sido afectadas, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace y varios medios internacionales.

RSF, con sede en Francia y estatus consultivo en la ONU y el Consejo de Europa, denunció que “la casi totalidad de los medios independientes” han sido prohibidos o bloqueados desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificó estas medidas como parte de una “censura militar sin precedentes” ante lo que calificó de “guerra informativa” contra Rusia.

La represión contra la prensa no se limita a medios y ONG: también alcanza a periodistas locales y extranjeros. El caso de la reportera ucraniana Victoria Roshchina, detenida en 2023 y fallecida bajo custodia rusa en circunstancias no aclaradas, ilustra el riesgo extremo que enfrentan quienes informan sobre la guerra o la disidencia interna.

En su último informe, RSF ubica a Rusia en los últimos lugares del ranking mundial de libertad de prensa, junto a regímenes como Irán, China, Corea del Norte y Venezuela. En 2024, la organización registró 54 periodistas asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados en todo el mundo, cifras que reflejan un deterioro global en el que Moscú figura como actor relevante.

Diversas ONG de derechos humanos advierten que la prohibición de RSF responde a una estrategia común en regímenes autoritarios: uso político de la justicia, leyes ambiguas, estigmatización de periodistas y cierre forzoso de medios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que estas normas restringen de forma desproporcionada la libertad de expresión y asociación.

El aislamiento informativo resultante limita el acceso a datos sobre la guerra, las protestas y la situación interna, reduciendo el espacio para el debate público y la rendición de cuentas. Organizaciones como Human Rights Watch y el propio RSF instan a la comunidad internacional a intensificar la presión diplomática para revertir la medida y proteger a periodistas en zonas de alto riesgo.