Nicolás Maduro dictó una pena de 30 años de cárcel contra Marggie Orozco, médica venezolana de 65 años del estado Táchira, tras la difusión de un mensaje de WhatsApp en el que cuestionaba al régimen y llamaba a votar en las elecciones del 28 de julio. La condena, basada en cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, se produjo tras una denuncia realizada por una integrante de los CLAP, estructura que ejerce control social en las comunidades venezolanas.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales confirmó la sentencia y denunció que el caso evidencia “la saña del régimen” contra ciudadanos que expresan opiniones críticas. El fallo fue emitido el 14 de noviembre por un tribunal penal bajo lineamientos del chavismo.

** Detención y deterioro de salud**

Orozco fue arrestada el 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, luego de que una representante de los CLAP la denunciara por compartir un audio en un grupo vecinal. Tras ser recluida en una comisaría de la Policía Nacional Bolivariana, la médica sufrió un infarto el 15 de septiembre, lo que obligó a su traslado a un hospital.

Pese a su condición cardíaca y a su historial de depresión desde 2013, fue enviada al Centro Penitenciario de Occidente, donde su delicado estado de salud continúa deteriorándose, según denunció su esposo Luis Molina.

Proceso plagado de irregularidades

ONGs como Clippve denunciaron violaciones al derecho a la defensa y ausencia de garantías procesales. El exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, calificó el fallo como “acto perverso” contra una mujer enferma criminalizada por expresar una opinión privada.

El caso forma parte de un patrón documentado por Amnistía Internacional, que describe un uso sistemático del aparato judicial para castigar la disidencia.

Otros casos recientes

El caso Orozco no es aislado:

Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén fueron condenadas a 10 años de prisión por elaborar camisetas críticas al régimen para un “cliente” que resultó ser un agente encubierto.

Periodistas y activistas alertan que estos “falsos positivos” se utilizan para justificar la persecución política.

Un país vigilado

Organizaciones como IPYS Venezuela y Freedom House han registrado un ecosistema de vigilancia digital estatal que incluye:

Control comunitario a través de los CLAP.

Aplicaciones como VenApp, que recopilan datos y geolocalización.

Monitoreo de redes sociales y comunicaciones privadas.

Incentivos a la delación ciudadana.

En este entorno, la línea entre lo público y lo privado se desvanece, y un simple audio compartido en WhatsApp puede convertirse en motivo de encarcelamiento.

Libertades en retroceso

El caso de Marggie Orozco confirma la creciente judicialización de la opinión en Venezuela, inmersa en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y una libertad de expresión cada vez más amenazada.