Justicia argentina desestima denuncia contra Evo Morales por trata de personas
En noviembre de 2024, Branko Marinkovic, exministro de Economía durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, pidió al gobierno argentino acelerar las investigaciones contra Evo Morales por una presunta red de trata de personas que habría operado en suelo argentino.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó públicamente que existía una investigación en curso contra el expresidente boliviano. Desde su cuenta oficial en la red social X (antes conocida como Twitter), Bullrich afirmó: "El delito en suelo argentino se paga", subrayando su compromiso de perseguir estos crímenes.
Sin embargo, tras varios meses de indagaciones, el Juzgado Criminal y Correccional 2 del Poder Judicial de la Nación emitió un documento oficial en el que decidió desestimar la denuncia presentada contra Morales, al no encontrarse pruebas suficientes que vincularan al exmandatario con los hechos denunciados.
Reacciones Branko Marinkovic, quien impulsó la denuncia, expresó su descontento con la resolución judicial y aseguró que continuará buscando justicia en otras instancias internacionales. Evo Morales, por su parte, calificó la denuncia como una estrategia política para desacreditarlo. A través de sus redes sociales, afirmó: "Una vez más queda demostrado que las acusaciones sin fundamento no prosperan. Seguiremos defendiendo la verdad y luchando por nuestro pueblo".
La acusación original apuntaba a una supuesta red de trata de personas con fines laborales y sexuales que involucraba a ciudadanos bolivianos en Argentina. Según los denunciantes, Morales habría tenido algún nivel de complicidad en estas operaciones, alegación que finalmente no pudo ser respaldada por las investigaciones judiciales.
Este caso se suma a la lista de tensiones entre sectores políticos de Bolivia y Argentina, especialmente tras la salida de Morales al país vecino en 2019, donde recibió asilo político. La resolución del caso podría influir en las relaciones diplomáticas entre ambos países y en el debate interno sobre la judicialización de líderes políticos.
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